IP Wars: la guerra de Estados Unidos y China por la propiedad intelectual
La propiedad intelectual ya no es un tema comercial, sino de seguridad nacional. EE.UU. utiliza el "Especial 301" como radar político para castigar la piratería y el espionaje empresarial. China cada vez patenta más. En esta guerra por lo intangible, quien controla la IP, controla el poder.
4 de abr. de 2026 — Eddie Fitte
En Estados Unidos, la propiedad intelectual dejó de ser un capítulo del derecho comercial para integrarse a la doctrina de seguridad económica nacional. Cuando la ventaja competitiva de un país descansa en patentes farmacéuticas, software, estándares tecnológicos y entretenimiento global, proteger derechos ya no es una cuestión moral: es una cuestión estratégica.
Por eso, ocuparse de su custodia, en el siglo del e-commerce, con un ciberespacio sin fronteras y donde andan sueltas infinidades de propiedades intelectuales, se volvió una misión central. El desafío no es cómo proteger lo intangible, sino cómo imponer escasez sobre algo que puede copiarse infinitamente en el universo digital.
Si para la limitar la migración existe el ICE (a través del IPR Center es el “brazo ejecutor” que realiza redadas y arrestos), el Special 301 es el “cerebro político” que señala dónde están los problemas. Es un reporte anual de la USTR (la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos): un radar que clasifica países (Priority Watch List, Watch List), enumera “market access challenges” y deja una marca pública que habilita la presión diplomática.
El Special 301 es como la lista de los más buscados pero a nivel de países. No señala personas: etiqueta economías. Identifica qué países “permiten” la piratería masiva o no tienen leyes fuertes, y pone el tema en agenda. Cuando Washington quiere pasar del señalamiento a la coerción, entra otra herramienta: la Sección 301, el mecanismo legal para abrir investigaciones sobre “acts, policies and practices” y, si el caso avanza, habilitar medidas comerciales concretas (aranceles, restricciones, suspensión de beneficios).
El Special 301 es como la lista de los más buscados pero a nivel de países. No señala personas: etiqueta economías. Identifica qué países “permiten” la piratería masiva o no tienen leyes fuertes.
Parece un conflicto lejano, demasiado técnico. Pero supongamos que, por ejemplo, un brasilero tiene ganas de ver el derby de Manchester, City contra United, cómodo, desde la laptop en el living de su casa. La transmisión oficial sólo está en una plataforma paga. Cuesta casi lo mismo que una entrada para ver al Flamengo desde la popular. Le da bronca pagar y en el grupo de WhatsApp alguien comparte la apk de Magis TV, de origen chino. Se conecta al televisor, se baja una app, aparece la señal. El relato suena apenas comprimido, la imagen tiene un segundo de delay, pero funciona.
En ese living no hay hackers ni mafias. No hay ideología. Hay sólo una sensación extendida de que el fútbol es demasiado caro y que internet siempre ofrece un atajo.
Lo que no se ve en esa escena doméstica es que, mientras el partido corre, en Brasil un laboratorio estatal llamado Ciberlab coordina allanamientos simultáneos contra redes de piratería digital. La operación se llama 404, como el error HTTP que aparece cuando una página deja de existir.
Página no encontrada.
La metáfora es clara: si el contenido es ilegal, el link debe desaparecer.
Desde 2019, la Operación 404 bloqueó miles de sitios y aplicaciones, desindexó dominios, ejecutó decenas de órdenes judiciales y coordinó arrestos en Brasil, Argentina y otros países de la región. En su fase 7, en 2024, sacó de línea 675 sitios y 14 apps, con detenciones en ambos lados de la frontera. En la fase 8, en 2025, involucró a seis países latinoamericanos y cooperación con Reino Unido, con Estados Unidos como observador.
Magis TV, ese gigante chino que ofrecía las grandes perlas de Hollywood en una suerte de todo por dos pesos digital, estuvo en el radar desde siempre. Porque la piratería dejó de ser un asunto marginal. Se convirtió en un frente coordinado de seguridad digital. Por eso se le presta ese nivel de atención: hay mucho en juego.
Brasil se encuentra bajo escrutinio por parte de Estados Unidos tras el inicio de una investigación de la Sección 301 en julio de 2025, que examina prácticas en comercio digital, pagos electrónicos, aranceles, propiedad intelectual y deforestación. El país está en la "Lista de Vigilancia" del Informe Especial 301 de 2025 debido a preocupaciones sobre propiedad intelectual. Su reincidencia en esta materia es algo que se viene siguiendo desde muy cerca en los Estados Unidos.
El 18 de julio de 2025 la Office of the United States Trade Representative (USTR) inició una Investigación de la Sección 301 titulada “Brazil's Acts, Policies, and Practices (Docket No. USTR-2025-0043). “Brasil no ha logrado abordar de manera efectiva la importación, distribución, venta y uso generalizados de productos falsificados, consolas de videojuegos modificadas, dispositivos de streaming ilícitos y otros dispositivos destinados a eludir medidas de protección. La falsificación sigue siendo extendida porque las redadas de aplicación de la ley no son seguidas por sanciones o remedios con efecto disuasivo ni por una interrupción a largo plazo de estas prácticas comerciales ilícitas”, dice el informe.
Desde 2019, la Operación 404 bloqueó miles de sitios y aplicaciones, desindexó dominios, ejecutó decenas de órdenes judiciales y coordinó arrestos en Brasil, Argentina y otros países de la región.
La escena del partido pirateado parece trivial. Pero condensa una tensión estructural: la cultura digital funciona por circulación; el sistema de propiedad intelectual funciona por exclusividad.
Cada transmisión pirateada es una copia no autorizada. Cada copia erosiona un modelo de negocio basado en derechos exclusivos. Las estimaciones oficiales hablan de más de nueve mil millones de reales anuales en pérdidas asociadas a la piratería digital. Los principales sitios ilegales generan millones en publicidad.
La Operación 404 articula policías estatales, agencias regulatorias como Anatel y Ancine, cooperación con la Premier League, la Motion Picture Association y autoridades extranjeras. No es una redada aislada. Es una infraestructura permanente.
Soldan
Se bloquean dominios, se remueven apps y se congelan servidores. Básicamente, se ejecutan órdenes transnacionales. De hecho, la fase 8 fue presentada como la mayor acción internacional de Brasil contra la piratería en toda su historia.
Estados Unidos entendió hace décadas que su principal ventaja competitiva no es el acero ni la soja. Es el control sobre activos intangibles: cine, software, patentes farmacéuticas, estándares tecnológicos. Por eso, cuando Argentina firma el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la República Argentina y los Estados Unidos de América (ARTI), suscripto en Washington el 5 de febrero de 2026, la propiedad intelectual ocupa un lugar central. En su Anexo III, el texto obliga a Argentina a mantener “un estándar robusto de protección” y a establecer sistemas efectivos de enforcement civil, penal y en frontera, incluyendo medidas específicas contra la infracción en el entorno digital.
No se trata solamente de proteger marcas. Es una suerte de guerra de guerrillas por lo intangible que ahora para colmo se trasladó y potenció en el ciberespacio, adonde hay que combatir y disuadir piratas que navegan esas aguas.
El Special 301 Report 2025 también coloca a China en la Priority Watch List y sostiene que, pese a ciertos avances, persisten preocupaciones graves y estructurales en materia de propiedad intelectual. El informe afirma que China no ha implementado plenamente sus compromisos asumidos bajo el acuerdo comercial Fase Uno con Estados Unidos, “mantiene problemas de larga data en transferencia de tecnología, protección de secretos comerciales, falsificación, piratería online, políticas de patentes y registros de marcas de mala fe”, y continúa aplicando “medidas que condicionan el acceso al mercado a la transferencia o desarrollo local de propiedad intelectual”.
Cuando el informe detalla “problemas de larga data” parece estar hablando de cuestiones culturales que, con el tiempo, empezaron a mutar. En Occidente, copiar suele asociarse a fraude o degradación. En China, el fenómeno shanzhai introdujo otra lógica: la copia como aprendizaje acelerado, como adaptación creativa, como homenaje productivo. Implica una cultura de "deconstrucción" y transformación rápida, donde la copia es lúdica, subversiva y a menudo mejora al original, desafiando la propiedad intelectual occidental.
Estados Unidos entendió hace décadas que su principal ventaja competitiva no es el acero ni la soja. Es el control sobre activos intangibles: cine, software, patentes farmacéuticas, estándares tecnológicos.
Durante años, Shenzhen fue símbolo de esa dinámica. Dispositivos replicados, marcas “inspiradas”, electrónica ensamblada a velocidad vertiginosa. El mundo acusaba; China producía.
El relato parecía binario: Estados Unidos inventa, China copia o, peor aún, roba. Hasta acá, el conflicto por la propiedad intelectual parece un pleito de cultura pop. Series, fútbol, streaming, la moral del “pagar o no pagar” y el gran teatro de la piratería cotidiana con el recuerdo de las publicidades antipirateria en los VHS de los años 2000.
Pero si uno mira la IP como un sistema, aparece otra cosa: un régimen de control económico que decide quién puede fabricar, vender, copiar, exportar, investigar y cobrar por cada paso. Por eso la propiedad intelectual se cuela en acuerdos comerciales y en la agenda de seguridad económica. No como una nota al pie, sino como condición.
El punto no es el tecnicismo, es el mapa: la IP pasó de ser “derecho de autor” a ser infraestructura de poder.
La propiedad intelectual es el sistema que convierte ideas en activos defendibles. No se refiere solo a películas o canciones: organiza quién puede usar una invención, quién puede vender bajo un nombre, quién puede copiar una obra y quién puede explotar un conocimiento sin publicarlo. Por eso conviene pensarlo como un sistema con frentes distintos, cada uno con su objeto y su modo de enforcement: patentes, marcas, copyright, secretos comerciales, y también diseño y apariencia cuando la forma misma vende.
Las patentes son monopolios temporales sobre invenciones: te dejan excluir a otros a cambio de revelar el método, y funcionan como barrera de entrada en sectores donde el detalle técnico vale más que la publicidad. Las marcas son confianza industrial convertida en signo: pelean contra el “parecido” y hoy esa batalla ocurre en plataformas, catálogos, logística y pagos, no solo en la feria. El copyright regula copia y distribución de obras (y también software y bases de datos), y en el mundo digital se disputa en links, streams, APKs y, cada vez más, en la discusión sobre datasets e IA.
Mariano Vilar
Y el frente que más crece es el de secretos comerciales: lo valioso que no se publica porque publicarlo sería regalarlo. Fórmulas, modelos, procesos, algoritmos, datos, planes. Ahí la defensa ya no es solo jurídica, también es seguridad: controles internos, auditorías, vigilancia de accesos y, cuando escala, frontera e inteligencia económica. En ese contexto, el caso New Balance sirve como termómetro: China empieza a actuar como un país que también necesita proteger marcas. No es una cuestión romántica sino reputacional, de autoprotección. Si querés exportar creatividad, tenés que disciplinar tu propio mercado y, sobre todo, controlar a tu propia tropa. Algunas cosas tienen que dejar de pasar o, al menos, dejar de pasar a cielo abierto.
Agtech es tecnología agropecuaria. Básicamente: comida. La innovación en el agro mezcla datos, software, biotecnología y modelos predictivos. Mucho de eso no se patenta. Se guarda. Porque patentar implica publicar. Y publicar, en ciertos negocios, equivale a invitar a tu competencia a copiarte con bibliografía.
En 2017, Haitao Xiang, científico, trabajaba para Monsanto y para su unidad digital, The Climate Corporation. Renunció y se activó el protocolo corporativo de manual: entrevista de salida, auditoría de actividad, revisión de accesos, rastreo de descargas. La sospecha nació adentro de la empresa, cuando aparecieron indicios de que pudo haberse llevado material sensible.
A partir de ahí entró el Estado, pero no como un guionista caprichoso. En Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tiene facultades especiales en frontera. Un oficial de CBP le explicó al FBI la “border search exception”, una regla que permite revisar pertenencias sin orden judicial en el contexto de un cruce internacional, y que se aplica también a dispositivos electrónicos. La clave era esta: Monsanto no podía incautar nada. CBP sí. Por eso, el caso se trasladó al punto donde el Estado tenía ventaja operativa: el aeropuerto.
Juan Ruocco 🧙♂️
Con esa información, se colocó un “lookout”, una alerta para que, si Xiang intentaba salir del país, fuera interceptado. Cuando apareció en O’Hare y estaba por embarcar, lo frenaron en el jetway (esa manga antes de entrar al avión). Le revisaron el equipaje y le incautaron varios objetos, incluida una micro SD. Ahí apareció lo que justamente volvió el caso simbólico: archivos marcados como confidenciales, secretos comerciales, descargados de madrugada, horas antes del vuelo. El activo principal era un documento técnico de 86 páginas llamado Nutrient Optimizer, presentado como el blueprint de la pieza más valiosa de FieldView, el sistema que recomendaba cuánto nitrógeno aplicar en un campo para optimizar rendimiento y costos.
La empresa afirmaba que ese desarrollo demandó miles de horas y cientos de millones de dólares, y que alguien con conocimiento interno podía darle a un competidor una ventaja enorme para construir un producto equivalente. El punto más interesante del caso no es el morbo del espionaje, es la mecánica: cuando lo que protegés es un secreto, la disputa deja de ser solo civil y se convierte en una mezcla de compliance corporativo, ciberseguridad y frontera.
Los casos de Xu Yanjun, oficial del Ministerio de Seguridad del Estado chino condenado en EE.UU. por el espionaje industrial contra GE Aviation, y de Ji Chaoqun, el estudiante en Chicago que recolectó perfiles de científicos e ingenieros para inteligencia china, cuentan la misma historia desde dos escalas: arriba, la extracción de tecnología crítica; abajo, el trabajo de hormiga para identificar talento y abrir puertas.
Pero China, no tan lentamente, está cambiando de rol. Durante décadas, su ventaja fue la capacidad industrial. Fábrica total, velocidad, escala. En ese esquema, la copia era un problema “externo” o una zona gris tolerable. Pero cuando un país empieza a generar su propia IP, la copia se vuelve un riesgo interno. Ahí aparece la necesidad de enforcement real, tribunales, daños disuasivos, y control de secretos.
Ahora, la competencia EE.UU.-China ya se discute como liderazgo en innovación, estándares y jurisdicciones, no como “protección de IP” en abstracto.
China empezó a endurecer su enforcement interno: castigos más duros, campañas contra infracciones. Ese giro tiene lógica de política de Estado. China necesita que su propio mercado crea en la propiedad intelectual y que el mundo crea que China puede garantizar derechos. En términos prácticos: cuando un país empieza a generar su propia IP, la copia deja de ser una zona gris útil y pasa a ser un riesgo doméstico. El antiguo imitador, si quiere exportar creatividad, tiene que dejar de tolerar lo que antes le convenía.
China empezó a endurecer su enforcement interno: castigos más duros, campañas contra infracciones. Ese giro tiene lógica de política de Estado. China necesita que su propio mercado crea en la propiedad intelectual.
La guerra por lo intangible dejó de ser un debate moral sobre piratería. Es una pelea por infraestructura. Quién fija el estándar tecnológico, quién cobra la licencia, quién tiene la ventaja legal para imponer condiciones, quién controla plataformas, quién puede apagar un link, quién puede revisar un dispositivo en frontera. El conflicto ya no se agota en el fútbol ni en las series: incluye semiconductores avanzados, secretos industriales, diseños de baterías, software estratégico. Cuando Washington restringe exportaciones de chips o equipamiento de fabricación, no está haciendo “comercio exterior” a secas. Está defendiendo una ventaja tecnológica que también es propiedad intelectual aplicada, convertida en control.
Pero esa historia cambió de velocidad. China dejó de ser sólo taller del mundo y empezó a competir como potencia de intangibles: patenta más, invierte más, produce tecnología exportable, y busca jugar el partido de los estándares, donde se cobra sin necesidad de fabricar todo. En ese punto la guerra se vuelve simétrica. Ya no es “ellos copian y nosotros inventamos”. Es “los dos inventan, los dos protegen, los dos litigan y los dos quieren cobrar”. Y cuando el conflicto llega a ese nivel, la IP funciona como una frontera invisible: delimita quién entra, quién paga y quién se queda afuera.
