Palantir: cómo desmantelar la retórica de la vigilancia

En la semana del 21 de abril, Peter Thiel llegó a Buenos Aires. El cofundador de Palantir Technologies se reunió con funcionarios del gobierno de Milei, asistió al Superclásico y fue celebrado en medios y redes afines al oficialismo. Circularon versiones sobre posibles contratos para que Palantir gestione información de organismos públicos argentinos, aunque los términos reales de las negociaciones, por supuesto, no son públicos. Las razones exactas de su visita tampoco. Thiel podría estar evaluando negocios en sectores como agro o energía, conociendo de cerca el experimento de gobierno "libertario" (las comillas son necesarias: el libertarianismo de Milei tiene más de conservadurismo tradicional que de la escuela anglosajona que a Thiel le gusta) o simplemente tendiendo lazos ideológicos con un gobierno que le resulta afín. Probablemente todo eso a la vez.

Circularon versiones sobre posibles contratos para que Palantir gestione información de organismos públicos argentinos, aunque los términos reales de las negociaciones, por supuesto, no son públicos. Las razones exactas de su visita tampoco.

Lo que sí es de público conocimiento es el contexto en el que llega. Días antes de su visita, Palantir publicó en X un resumen de 22 puntos del libro de su CEO Alex Karp, La República Tecnológica. Su tesis central es que las democracias occidentales deben construir las armas más letales del mundo para garantizar la paz. En mayo de 2024, en la AI Expo de Washington, ante directores de agencias de inteligencia, exmilitares y contratistas de defensa, Karp lo dijo sin tapujos: "si perdemos el debate intelectual, no van a poder volver a desplegar ningún ejército en Occidente". A los estudiantes de Columbia que protestaban contra el genocidio en Gaza los llamó parte de una "religión pagana" que infecta a las universidades. Los verdaderos pacifistas, dijo, eran él y los funcionarios de inteligencia que le compraban software: "los activistas por la paz son activistas por la guerra. Nosotros somos los activistas por la paz".

"La guerra es la paz" decía el lema del partido opresor y vigilante en 1984 de Orwell. La sociedad que ahí se describe funciona con la misma lógica: el lenguaje invertido al servicio del control, los enemigos necesarios para justificar la vigilancia permanente y la información selectiva que moldea lo que se puede pensar. La inversión conceptual de Karp es deliberada y trabaja para algo concreto: justificar una operación de vigilancia en la que estamos más comprometidos de lo que nos damos cuenta. Pero vayamos por partes. Antes, unas palabras sobre la empresa que está en boca de todos.

La máquina de cruzar datos

Palantir opera principalmente con dos plataformas de software para el análisis de datos: Gotham, orientada a gobiernos y defensa, y Foundry, para empresas. Su lógica técnica central (que describimos con más detalle acá) es la fusión de fuentes completamente distintas (registros estatales, redes sociales, sensores, drones, satélites, historiales financieros) en un modelo coherente y accionable en tiempo real. A eso le agregan una capa de inteligencia artificial, "AIP", que permite a operadores humanos trabajar sobre ese modelo aumentando sus capacidades de análisis. En la práctica, una máquina diseñada para cruzar todo con todo e inferir información clave del mosaico de lo que ya existe.

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Otro de sus contratos emblema es el Maven Smart System, software que analiza datos para generar objetivos de ataque. En marzo de 2026, el vicesecretario de Defensa Steve Feinberg lo declaró "program of record" (o sea, de adopción permanente) y lo describió como "la piedra angular" de la estrategia de inteligencia artificial del ejército estadounidense. El sistema fue usado en Gaza, en Ucrania y en la operación contra Irán. Palantir también tiene contratos con el servicio de salud pública (el NHS) del Reino Unido, con la agencia de migraciones ICE en Estados Unidos, con la CIA, el FBI y la NSA.

Quizá todo esto parece quedarnos lejos, pero Palantir existe a esa escala porque hay un mercado enorme para la vigilancia. Que no sólo se orienta a la guerra o a la gestión de bases nacionales, sino que se viene consolidando en el mundo y en América Latina desde hace décadas. De a poco. ciudad por ciudad, posteo a posteo. Tanto así, que es muy probable que ya hayas sido vigilado sin darte cuenta.

Por casa así andamos

La expansión de tecnologías de vigilancia en América Latina llegó mucho antes que Thiel y Palantir. El Consorcio Al Sur publicó en 2025 un informe que documenta una "expansión silenciosa" de sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial, monitoreo de redes y recopilación masiva de datos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. El denominador común es que avanzan bajo discursos de seguridad y combate al crimen, generalmente sin marcos legales que garanticen protecciones contra abusos.

El precedente más documentado es Pegasus, el software espía que toma control de celulares desarrollado por NSO Group, empresa israelí. México fue su primer cliente significativo, en 2011. Desde entonces el Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó su uso contra periodistas de investigación, abogados de familias de femicidios y el propio coordinador de derechos humanos del gobierno que había prometido no usar Pegasus. El software, instalado sin que el usuario lo note, da acceso total al dispositivo: mensajes, micrófono, cámara, ubicación. En El Salvador, Citizen Lab y Access Now confirmaron en enero de 2022 226 infecciones contra 35 personas (22 de ellas periodistas de El Faro, el mismo medio que documentó las negociaciones secretas de Bukele con pandillas). Uno de los casos de persecución más sostenidos del que se tenga registro. En Guatemala, Honduras, Perú y Chile operó Circles, otra empresa del mismo ecosistema. Como puede verse, hay un hilo conductor: estas tecnologías se usan contra quienes incomodan al poder.

La expansión de tecnologías de vigilancia en América Latina llegó mucho antes que Thiel y Palantir. (...) El denominador común es que avanzan bajo discursos de seguridad y combate al crimen, generalmente sin marcos legales que garanticen protecciones contra abusos.

En Argentina, el monitoreo estatal de redes (el famoso "ciberpatrullaje") lleva años. Desde 421 lo describimos en detalle.

A estas alturas uno puede preguntarse cuál es el fetiche, la obsesión por meterle vigilancia a todo. Y por qué a nivel político y popular se acepta que se incorporen estas tecnologías que tarde o temprano terminan en abusos. Y la razón está en el relato, en una narrativa. Una promesa de seguridad y efectividad que poco importa si se refleja en la realidad pero que logra amedrentarnos de todas formas mientras perfecciona sus técnicas.

Palabras mágicas

Palantir tomó su nombre de las piedras videntes de Tolkien: artefactos que permiten ver eventos remotos. La elección de algo fantástico y poco entendible no es inocente, es casi un high concept. Las herramientas de vigilancia se presentan sistemáticamente con un lenguaje de omnisciencia y magia: "ven todo", "piensan más rápido que el enemigo", "predicen el crimen antes de que pase". Esa retórica es parte fundamental del pitch de ventas, de la descripción del producto que se intenta imponer.

Y como toda magia, funciona antes por la creencia que por los efectos.

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Cambridge Analytica prometía torcer elecciones como si controlara mentes. La evidencia de que efectivamente lo haya logrado es mucho más endeble que el escándalo que produjo. Tim Hwang, en Subprime Attention Crisis (2020), argumenta que el mercado de publicidad digital crece aunque el producto no rinda lo que anuncia: la opacidad sostiene la ilusión de efectividad. Pero si leemos esta situación en clave de economía política, la cosa se vuelve un poco más clara: el escándalo de Cambridge Analytica fue, entre otras cosas, la mejor publicidad posible para el negocio de anuncios políticos de Facebook. Demostró al mundo entero que existía ese presunto poder, dándole importancia y valor bursátil aunque la evidencia empírica fuera ambigua. Pero hay un efecto mayor todavía. Aun sin que el modelo psicométrico hiciera lo que prometía, la consultoría electoral digital se convirtió en una industria global. Campañas en decenas de países contrataron a empresas que vendían exactamente la misma promesa, con los mismos términos, sin que mediara nunca una auditoría independiente.

El reconocimiento facial en Buenos Aires detuvo erróneamente al menos a ocho personas en 2019. Como indican el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) y Fundación Vía Libre, el sistema fue comprado sin que el gobierno supiera cómo funcionaba internamente, sin conocer los datos de entrenamiento y licitado en menos de una semana. Todo es siempre más lumpen de lo que parece. Pero más allá de incompetencias y tecnologías fallidas, la vigilancia sigue siendo negocio económica y políticamente porque no necesita ser efectiva para producir sus peores efectos.

El periodista que sabe que Pegasus puede comprometer su teléfono baja el perfil aunque todavía no haya sido espiado. La persona que sabe que sus tuits son monitoreados se autocensura aunque el ciberpatrullaje se aplique a los ponchazos. El chilling effect (la autocensura producida por la sola posibilidad de vigilancia) está documentado como consecuencia directa de estos programas. PEN America encuestó en 2015 a casi 800 escritores en 50 países y encontró que el 75% de quienes vivían en democracias liberales estaban tan preocupados por la vigilancia como los que vivían en regímenes autoritarios; uno de cada tres se autocensuraba al elegir temas, fuentes o conversaciones. Lo notable es que el efecto opera sin que el ciudadano promedio sepa exactamente qué se está vigilando ni cómo. Alcanza con saber que el aparato existe. Y estas herramientas se refinan mientras se venden: el código cerrado impide saber qué tan bien funcionan realmente, mientras les regalamos datos confidenciales con cada uso para mejorarlas y los funcionarios públicos se vuelven dependientes antes de entender qué compramos. Es una profecía que se cumple sola.

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Lo que habría que preguntarse, entonces, no es sólo si estas tecnologías funcionan como las publicitan sus vendedores, sino quién las compra, con qué fondos públicos, bajo qué justificación y contra quién se usan. Y qué intenciones se persiguen al implementarlas. La magia se desarma cuando alguien señala el truco, y el engaño se señala mejor en el idioma de quienes lo sufren.

Una lección desde Paraguay

En 2015, el gobierno paraguayo intentó aprobar una ley que obligaba a las telecomunicadoras a retener los metadatos de todos sus usuarios durante doce meses: con quién hablaste, cuándo, desde dónde. La organización TEDIC, junto a una red de organizaciones de derechos digitales, lanzó la campaña #Pyrawebs. El nombre combinaba "web" con pyragüé: nombre que se daba a los delatores de la dictadura de Stroessner. El 22 de diciembre de 1992, se encontraron tres toneladas de documentos sobre la dictadura paraguaya: el llamado Archivo del Terror (fichas con nombres, domicilios, filiaciones políticas y relaciones personales, usadas durante 35 años de dictadura para detener, torturar y desaparecer gente). La ley de 2015 de retención de datos no proponía vigilar sospechosos, sino archivar las comunicaciones de todos. Eso ya había pasado, no hacía falta explicar nada más.

Ahí está la clave. La campaña no intentó convencer a nadie de qué son los metadatos ni de por qué importan los protocolos de retención. Tradujo el problema al único registro en el que no se puede hacer gambetas técnicas o teoría política: la memoria. No la abstracta, sino la encarnada, la del vecino que desapareció, la del familiar que fue espiado, la del miedo que todavía tenía ese nombre en guaraní. Cuando la vigilancia deja de ser un debate técnico o filosófico y se convierte en algo reconocible, la gente no necesita que le expliquen por qué oponerse. Lo sabe.

La ley fue rechazada en ambas cámaras en junio de 2015. La campaña fue un éxito.

Llamar paz a la guerra, libertad a la esclavitud. Cuando ese lenguaje no se discute, gana sin combatir. Karp llama pacifistas a los contratistas militares. (...) Los gobiernos compran "modernización" cuando en realidad implementan vigilancia y control.

Esto nos importa hoy porque el debate sobre Palantir, sobre los manifiestos de Karp o sobre las intenciones de Thiel en Buenos Aires es legítimo e interesante (y necesario para entender quién construye la ideología detrás de estas herramientas, quién se beneficia y a qué horizonte político apuntan). Pero hay un riesgo en quedarse ahí: que la discusión grande tape las batallas de todos los días, que es donde se gana o se pierde. El intendente que compra un sistema de reconocimiento facial licitado en menos de una semana no necesita haber leído a Thiel. El ministerio que crea una unidad de inteligencia artificial por resolución interna, sin debate parlamentario, tampoco. Esos actores responden ante instancias más accesibles que una megacorporación de Silicon Valley: ante un juez, ante una cámara legislativa, ante el voto y la protesta.

En 1984, lo que sostenía el régimen no era solamente la vigilancia. Era el lenguaje. Llamar paz a la guerra, libertad a la esclavitud. Cuando ese lenguaje no se discute, gana sin combatir. Karp llama pacifistas a los contratistas militares. Las consultoras electorales venden "ciencia de datos" cuando muchas veces se trata de promesas vacías. Los gobiernos compran "modernización" cuando en realidad implementan vigilancia y control. Frente a eso, los activistas de derechos digitales y la ciudadanía ya mostraron una de las vías para hacer frente al avance contra nuestras libertades fundamentales: devolverle a las cosas su nombre.

La vigilancia avanza de a poco, decreto a decreto, licitación a licitación. Se frena de la misma manera: con un escrutinio incansable, develando el truco, corriendo el velo, volviéndose ingobernable.